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Plaintiffs Argue Jury Made Right Decision, Promise Swift Appeal

May 30, 2018, Fort Lauderdale, Florida – Today, a federal judge overturned the verdict of a unanimous jury that found the former president of Bolivia and his minister of defense responsible for extrajudicial killings carried out by the Bolivian military, which killed more than 50 of its own citizens and injured hundreds during a period of civil unrest in September and October 2003. The jury’s decision, announced on April 3, came after a 10-year legal battle spearheaded by family members of eight people killed in what is known in Bolivia as the “Gas War.” The jury awarded a total of $10 million in compensatory damages to the plaintiffs. The trial marked the first time in U.S. history a former head of state has sat before his accusers in a U.S. civil court.

Today, Judge James I. Cohn upheld a motion by the defendants that argued there was insufficient evidence to support the verdict. The plaintiffs contend that the evidence presented at trial was more than sufficient for a reasonable jury to conclude—as all 10 jurors did—that Bolivian soldiers killed the plaintiffs’ family members, and that the former president, Gonzalo Sánchez de Lozada, and former defense minister, José Carlos Sánchez Berzaín, are responsible for those deaths.

“The judge’s decision to overturn the jury’s unanimous verdict cannot change the truth, which the 10 jurors saw during the trial and affirmed after deliberating for nearly five days,” said Teófilo Baltazar Cerro, a plaintiff and member of the indigenous Aymara community of Bolivia, who were victims of the defendants’ decision to use massive military force against the population. “We have been fighting for justice for our family members for over fourteen years, and we have no plans to stop now. We will appeal this decision.”

Both Gonzalo Sánchez de Lozada and José Carlos Sánchez Berzaín have lived in the United States since they fled Bolivia following the massacre in 2003. In Bolivia, in 2011, former military commanders and government officials who acted under Sánchez de Lozada and Sánchez Berzaín’s authority were convicted for their roles in the 2003 killings. Both Sánchez de Lozada and Sánchez Berzaín were indicted in the same case, but could not be tried in abstentia under Bolivian law.

During the nearly month-long trial, the 10 jurors listened to the testimonies of 30 witnesses and heard evidence of at least 58 civilian killings and hundreds of civilian injuries carried out by the military in September and October 2003. The plaintiffs argue that the jury could have reasonably inferred that the death toll reflected the military’s deliberate use of lethal force against unarmed civilians, and that Sánchez de Lozada and Sánchez Berzaín consciously failed to stop the killings.

“The jury sat in trial for three weeks, deliberated for five days, and we are confident that they reached the right conclusion that the former President and Defense Minister were responsible for these killings. The judge depended on an erroneously high standard of evidence to overturn this verdict—that the defendants needed to have a premeditated plan to kill civilians—which the law does not require,” said Judith Chomsky, an attorney for the plaintiffs, cooperating through the Center for Constitutional Rights. “This case is not over, and we intend to swiftly appeal this decision.”

The family members are represented by a team of lawyers from the Center for Constitutional Rights, Harvard Law School’s International Human Rights Clinic, and the law firms of Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP, and Akerman LLP. Lawyers from the Center for Law, Justice and Society (Dejusticia) are cooperating attorneys.

For more information, visit the Center for Constitutional Rights case page. 

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Juez revoca veredicto unánime del jurado que halló al expresidente boliviano y al antiguo ministro de Defensa responsables de masacre de indígenas

Los Demandantes argumentan que el jurado tomó la decisión correcta, prometen pronta apelación

30 de mayo, 2018, Fort Lauderdale, Florida – Hoy, un juez federal revocó el veredicto de un jurado que unánimemente halló al expresidente boliviano y a su ministro de Defensa responsables de los homicidios culposos realizados por los militares bolivianos, quienes mataron a más de 50 de sus propios ciudadanos e hirieron a cientos durante un período de disturbio civil en septiembre y octubre de 2003. La decisión del jurado, anunciada el 3 de abril, llegó después de una batalla legal de 10 años conducida por los familiares de ocho personas asesinadas en lo que se conoce en Bolivia como la “Guerra del gas.” El jurado otorgó un total de $10 millones en compensación por daños a los demandantes. El juicio fue la primera vez en la historia de los EUA en que un antiguo mandatario de estado se sentó frente a sus acusadores en una corte civil estadounidense.

Hoy, el juez James I. Cohn defendió una moción de los demandados que argumenta que la evidencia no era suficiente para respaldar el veredicto. Los demandantes contienden que la evidencia presentada en el juicio era más que suficiente para que un jurado razonable concluyese—así como lo hicieran 10 miembros del jurado—que los soldados bolivianos mataron a los familiares de los demandantes, y que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, fueron responsables de esas muertes.

“La decisión del juez de revocar el veredicto unánime del jurado no puede alterar la verdad que vieron los 10 miembros del jurado durante el juicio y que afirmaron después de deliberar por casi cinco días,” dijo Teófilo Baltazar Cerro, un demandante y miembro de la comunidad indígena aymara de Bolivia, la cual fue víctima de la decisión de los demandados de usar fuerza militar masiva contra la población. “Por más de catorce años hemos luchado por justicia para nuestros familiares y no pensamos detenernos ahora. Apelaremos esta decisión.”

Tanto el expresidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, como su antiguo ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, han estado viviendo en los Estados Unidos desde que huyeron de Bolivia después de la masacre de 2003. En Bolivia, cinco excomandantes militares cuyas acciones dependían de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron condenados en 2011 por sus roles en las ejecuciones de 2003. Tanto Sánchez de Lozada como Sanchez Berzaín fueron imputados en el mismo caso, pero no pudieron ser juzgados in abstentia según la ley boliviana.

Durante casi un mes en juicio, los 10 miembros del jurado escucharon los testimonios de 30 testigos y escucharon la evidencia sobre al menos 58 civiles asesinados y cientos de civiles heridos por los militares en septiembre y octubre de 2003. Los demandantes argumentan que el jurado pudo inferir razonablemente que la cantidad de víctimas refleja el uso deliberado de fuerza letal que hicieron los militares contra civiles desarmados, y que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín se abstuvieron conscientemente de detener esa matanza.

“El jurado estuvo en el juicio por tres semanas y deliberaron por cinco días, y estamos seguros de que llegaron a la conclusión correcta de que el expresidente y el antiguo ministro de Defensa fueron responsables de esos homicidios. El juez se respaldó en un estándar erróneamente alto de evidencia para revocar este veredicto—que los demandados precisaban tener un plan premeditado para matar civiles—algo que la ley no requiere,” dijo Judith Chomsky, una abogada de los demandantes, cooperante a nombre de Center for Constitutional Rights [Centro por los derechos constitucionales]. “Este caso no ha terminado y tenemos la intención de apelar esta decisión con prontitud.”

Los familiares están representados por un equipo de abogados de Center for Constitutional Rights, Harvard Law School International Human Rights Clinic, y los bufetes de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP, y Akerman LLP. Las(los) abogada(os) de Center for Law, Justice and Society (Dejusticia) [Centro por la ley, la justicia y la sociedad (Dejusticia)] son abogadas(os) de cooperación.

Para mayor información, visite la página del caso (case page) del Center for Constitutional Rights. 

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