La demanda contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín reclama de los demandados una indemnización por daños y perjuicios, ​​por su participación en asesinatos extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad. El caso se presentó ante el tribunal estadounidense en 2007. Desde ese entonces, siete ex oficiales, incluyendo militares de alto rango y ex miembros del gabinete, han sido condenados en Bolivia por su participación en la violencia de 2003. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, sin embargo, han evadido la justicia, habiendo encontrado un refugio seguro en los Estados Unidos durante casi una década.

 

Las nuevas pruebas muestran que los demandados calcularon que tomaría miles de muertes de civiles para detener las protestas previstas en contra de una política económica controversial. Se negaron a considerar el diálogo, prácticas policiales tradicionales u otras alternativas menos violentas a la fuerza letal masiva contra los manifestantes. Los demandados utilizaron específicamente a las fuerzas armadas, incluyendo a unidades de fuerzas especiales, para atacar a civiles inocentes como parte de su campaña de opresión. Nuevas pruebas muestran también cómo los acusados ​​estuvieron íntimamente involucrados en la implementación de su plan de violencia, e inclusive participaron en las operaciones contra la población civil.

 

"Estados Unidos no debe ser un refugio seguro para los autores de ataques violentos contra civiles desarmados", dijo Beth Stephens, del Centro para los Derechos Constitucionales, quien representa a los Demandantes en esta querella. "Eso es aún más cierto cuando los hechos demuestran que los acusados ​​participaron directamente en los ataques contra la población civil."

 

La violenta respuesta del gobierno a las expresiones de descontento popular dejó decenas de muertos y cientos de heridos en septiembre y octubre de 2003. Entre los demandantes está Etelvina Ramos Mamani, quien vio a su hija Marlene de ocho años de edad morir en sus brazos, después de que Marlene fue atacada por un francotirador militar cuando la niña se asomaba por una ventana de su casa. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín habían dado órdenes de que el pueblo de Marlene, y los civiles que estaban en el pueblo, fueran tratados como objetivos militares. A medida que la indignación nacional y las protestas se intensificaron por la muerte de Marlene y por las muchas otras muertes y lesiones, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dimitió. Él y Sánchez Berzaín huyeron a los Estados Unidos, donde aún residen actualmente.

 

Oficiales de EE.UU. han negado las solicitudes del gobierno de Bolivia de extraditar a estos dos individuos para que se enfrenten a un juicio en su propio país. Más bien, EE.UU. le concedió asilo político a Sánchez Berzaín.

 

En un fallo reciente en el caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, la Corte Suprema de EE.UU. desestimó ciertas reclamaciones contra una corporación extranjera por violaciones de derechos humanos cometidas fuera de los Estados Unidos.  El caso en contra de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, sin embargo, muestra por qué las demandas amparadas en el Alien Tort Statute, una ley federal que permite acciones civiles por violaciones de derechos humanos, deben permitirse cuando el reclamo es contra individuos extranjeros que viven en los Estados Unidos.

 

"El caso ofrece a los familiares de los muertos en la violencia una oportunidad para que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín rindan cuentas por las masacres que ordenaron," dijo Judith Chomsky, del Centro para los Derechos Constitucionales. "No sólo desarrollaron un plan para matar a civiles, sino que supervisaron el [día a día de] las operaciones militares, lo cual los ata a los asesinatos y la violencia."

 

Los familiares de las víctimas esperan lograr alguna medida de justicia en la demanda civil presentada hoy. La demanda reclama un resarcimiento por daños y perjuicios de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, amparándose tanto en la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura (TVPA, por su nombre en inglés) como en el Alien Tort Statute. La demanda también busca que se declare responsables a estos individuos por ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad, y por homicidio culposo. Los demandantes esperan ahora una respuesta a la demanda enmendada de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Según el calendario que el tribunal fije, se espera una respuesta en algún momento en este otoño.

 

Los miembros de las familias de las víctimas están representados por un equipo de abogados del Centro de Derechos Constitucionales, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, la Clínica Internacional de Derechos Humanos y de Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de Stanford y el bufete jurídico de Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld.