La abogada sénior Pam Spees del CCR comentó: “Los hondureños han hecho valientemente todos los esfuerzos posibles para asegurar que se haga justicia en un ambiente violento de persecución política, y muchos de ellos han pagado un precio muy alto. La evidencia presentada hoy a la Corte demuestra no sólo que no pueden hallar justicia en su propio país por los asesinatos y otros abusos cometidos después del golpe sino que, además, arriesgan sus vidas al hacerlo. Por ello es imperativo que la CPI tome cartas en el asunto.”

 

Desde el golpe de Estado, cientos de personas, incluyendo periodistas, sindicalistas, líderes campesinos y defensores de derechos humanos han sido asesinados o desaparecidos.  El pasado 23 de septiembre, Antonio Trejo Cabrero, un reconocido abogado representante de comunidades campesinas fue asesinado. Al día siguiente, Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, un fiscal especial de derechos humanos, también fue asesinado.

 

Información presentada demuestra la impunidad de que goza un prominente perpetrador de violaciones graves a los derechos humanos en su país, por lo que es relevante el acceso a la Corte como último recurso. Parte de la evidencia presentada fue obtenida durante el litigio de un caso de derechos humanos en cortes norteamericanas, donde el CCR representa a los padres de Isis Murillo, joven asesinado por el ejército hondureño durante una manifestación pacífica poco tiempo después del golpe del 28 de junio de 2009. El CCR presentó el caso ante las cortes norteamericanas el 23 de junio de 2011 en contra del líder del golpe de Estado, Roberto Micheletti Baín, quien fuera el Presidente de facto después del golpe.

 

Los abogados del CCR recibieron documentos de las autoridades hondureñas incluida la Fiscalía y de José Alfredo Saavedra, quien sucedió a Micheletti como presidente del Congreso Nacional después del golpe, donde se certifica que Micheletti no había sido identificado como responsable por la muerte de Murillo, ello a pesar de que incluso la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación del gobierno de facto concluyó que éste tenía la responsabilidad de mando por el asesinato de Murillo y otros, ya que ejercía control sobre el ejército y las pruebas demuestran que se aseguró de que no existiera cooperación de las autoridades con las investigaciones.

 

La información presentada a la fiscalía de la CPI también menciona a Miguel Facussé como sospechoso de la política de persecución que se mantiene aún en el Bajo Aguan.  Este empresario es propietario de la compañía de palma de aceite Dinant Corporation, y dice tener derecho sobre miles de hectáreas de tierra en la región del Bajo Aguán. Sin embargo, su titularidad sobre esas tierras fue objetada con éxito por tres cooperativas campesinas representadas por el abogado de derechos humanos Antonio Trejo durante los meses anteriores a su asesinato.

 

Lea la documentación presentada aquí.

 

Para mayor información sobre el caso contra Micheletti en EU visite la página del CCR.