3 de agosto de 2020, Miami - Hoy, la Corte de Apelaciones de EE.UU. por el Onceavo Circuito anuló la decisión que el tribunal de primera instancia emitió a favor del ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ex ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, por la masacre de 2003 de personas indígenas que no portaban armas. En abril de 2018, un jurado halló responsables a los ex funcionarios en el marco del Estatuto de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA por sus siglas en inglés) y adjudicó $10 millones de dólares en daños, después de un juicio de un mes que incluyó seis días de deliberaciones del jurado. El juicio marcó la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un ex jefe de estado se tuvo que presentar ante sus acusadores en un juicio de derechos humanos en los Estados Unidos. En una movida poco usual, un mes después de que el jurado dictara su veredicto, el tribunal de primera instancia dejó de lado el veredicto del jurado y emitió su propio fallo, librando a los demandados de responsabilidad por supuesta falta de pruebas. En noviembre de 2019, dos de los demandantes, cuya pequeña hija había sido asesinada por soldados en la masacre, viajaron a Miami para que se escuchara su apelación. Hoy, la Corte de Apelaciones anuló el fallo del tribunal de distrito y devolvió el caso al mismo tribunal de distrito para procedimientos adicionales. Además, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que los demandantes tenían derecho a un nuevo juicio con relación a los alegatos de homicidio culposo porque el tribunal de distrito había abusado de su discreción al admitir cierta evidencia que le era favorable a los demandados. 

“Esta es una noticia maravillosa”, dijo Sonia Espejo, cuyo esposo Lucio fue asesinado en la masacre de 2003. “Hemos luchado por tanto tiempo. Seguiremos luchando, pero por hoy, me siento feliz. Me siento tranquila.”  

La corte de apelaciones sostuvo que los demandantes proporcionaron evidencia suficiente de que “los soldados dispararon deliberadamente disparos mortales con una conciencia meditada de que herirían mortalmente a civiles que no presentaban ningún riesgo de peligro. Ninguno de los fallecidos estaba armado, ni había evidencia de que representaran una amenaza para los soldados. Muchos recibieron disparos mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. Otros recibieron disparos fueron mientras se escondían o huían”. 

La corte de apelaciones anuló el fallo del tribunal de primera instancia (el tribunal de distrito) y le devolvió el caso para que (i) decida si el veredicto del jurado debe ser reintegrado bajo la norma correcta, y (ii) celebre un nuevo juicio con relación a los reclamos de homicidio culposo de los demandantes. 

En septiembre y octubre de 2003, bajo la autoridad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, los militares bolivianos mataron a 58 de sus propios ciudadanos e hirieron a más de 400, casi todos ellos de comunidades indígenas, durante un período de disturbios civiles conocido como la “Guerra del Gas”. Entre los muertos está una niña de ocho años, una mujer embarazada (cuyo hijo en gestación también murió), y personas de la tercera edad. Después de la masacre, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron a los Estados Unidos, donde han vivido desde entonces. Los ex comandantes militares y funcionarios del gobierno que actuaron bajo la autoridad de estos dos hombres fueron condenados en Bolivia en 2003 por sus papeles en la masacre. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron acusados en el mismo caso pero no pudieron ser juzgados, pues no son posibles los juicios en ausenciabajo la ley boliviana. 

“Este es un momento importante en la lucha por la rendición de cuentas, no solo para las familias, sino para toda Bolivia”, dijo Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard . “Hoy es una victoria para los derechos humanos”. 

El caso fue presentado por los familaires de ocho personas asesinadas durante la masacre, entre ellos Etelvina Ramos Mamani y Eloy Rojas Mamani, cuya hija Marlene, de ocho años, fue asesinada frente a su madre cuando recibió un disparo a través de su ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada, Teodosia, fue asesinada después de que recibiera un balazo que atravesó la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre Raúl, de 69 años, fue asesinado a tiros junto a una carretera; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre Arturo fue asesinado a tiros mientras cuidaba sus cultivos.  

“Estamos muy felices de que las familias que perdieron a sus seres queridos en las masacres de 2003 hayan obtenido esta importante victoria”, dijo Beth Stephens, una abogada cooperante del Centro de Derechos Constitucionales. 

En el juicio de tres semanas, un ex soldado del ejército boliviano testificó que se le ordenó disparar a “cualquier cosa que se mueva” en una comunidad civil. Otro vio a un oficial militar matar a un soldado porque éste se negó a seguir las órdenes de disparar contra civiles desarmados. Los testigos también relataron que hubieron tanques que pasaban por las calles y que los soldados dispararon durante horas, incluso hacia hogares y a civiles que huían y que estaban desarmados. A pesar de todo el testimonio, al dejar de lado el veredicto del jurado, el juez de primera instancia concluyó que no había pruebas suficientes para responsabilizar a los acusados por ejecuciones extrajudiciales. El caso, Mamani v. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, fue presentado en 2007 bajo el TVPA, que permite que se obtenga compensación por daños por ejecuciones extrajudiciales en los tribunales federales de los Estados Unidos. El caso alegaba que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín planearon y ordenaron los asesinatos. 

“La práctica pro bono de Akin Gump ha tenido el honor de trabajar con estas familias bolivianas durante más de 13 años”, dijo Steven Schulman, socio de cuestiones pro bono de Akin Gump Strauss Hauer y Feld LLP. “Nos complace que el Onceavo Circuito haya revisado cuidadosamente la evidencia que presentamos en el juicio y haya estado de acuerdo con nosotros que el Tribunal de Distrito no debería haber desplazado el veredicto del jurado como lo hizo”. 

Los familiares están representados por un equipo de abogados del Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y los bufetes de abogados de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, y Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP. 

Para obtener más información, visite la página del caso del Centro de Derechos Constitucionales. 

La Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard trabaja para proteger los derechos humanos de clientes y comunidades en todo el mundo. A través de la práctica supervisada, los estudiantes aprenden las responsabilidades e instrumentos de la defensa de derechos humanos. Obtenga más información aquí: http://hrp.law.harvard.edu/. Siga a la Clínica en las redes sociales: Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard en Facebook, @HarvardLawHRP en Twitter y humanrightsharvardlaw en Instagram. 

El Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) trabaja con comunidades amenazadas para luchar por la justicia y la liberación a través de litigios, defensa y comunicaciones estratégicas. Desde 1966, el Centro por los Derechos Constitucionales ha se ha enfrentado a sistemas opresivos de poder, incluidos el racismo estructural, la opresión de género, la inequidad económica y la extralimitación gubernamental. Obtenga más información aquí: ccrjustice.org. Siga al Centro por los Derechos Constitucionales en las redes sociales: Centro de Derechos Constitucionales en Facebook, @theCCR en Twitter y ccrjustice en Instagram.